Casi siete años después de los hechos investigados, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
de La Serena comunicó este martes 18 de agosto un veredicto absolutorio respecto de tres
funcionarios de Carabineros que llegaron a juicio por delitos de tortura, apremios ilegítimos
y falsificación de instrumento público, en una causa originada durante el estallido social en
Coquimbo.
La víctima, Camila Caimapo Vallejos, denunció haber sido agredida por funcionarios
policiales el 6 de noviembre de 2019, mientras se encontraba en las inmediaciones de la
Plaza Las Américas de Coquimbo.
Según sostuvo la acusación durante el juicio, Caimapo se encontraba entregando alimentos
a personas que participaban de las manifestaciones cuando funcionarios de Fuerzas
Especiales utilizaron gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios. En ese contexto, una
funcionaria policial habría disparado a corta distancia contra la víctima, provocándole
impactos en ambas piernas, tras lo cual habría sido golpeada.
La acusación sostuvo además que, posteriormente, mientras permanecía detenida y era
atendida en el Hospital San Pablo de Coquimbo, habría recibido amenazas por parte de otro
de los funcionarios acusados. Un tercer hecho estuvo relacionado con el parte policial
elaborado después de su detención, respecto del cual se acusó la omisión de las lesiones
que presentaba la víctima.
La causa llegó a juicio con la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH) y la Corporación 20 de Octubre, luego de que el Ministerio Público decidiera no
perseverar en la investigación.
Querellantes cuestionan resultado del proceso
Tras conocerse el veredicto, Adriana Rojas, abogada representante de Caimapo Vallejos,
sostuvo que la resolución debe analizarse en un escenario más amplio respecto de las
causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
“El veredicto absolutorio […] se viene dando también dentro de un contexto de impunidad en
materia de derechos humanos que no es solo en este caso”, afirmó.
Rojas cuestionó especialmente la actuación previa del Ministerio Público, que decidió no
perseverar por falta de antecedentes suficientes para continuar con la persecución penal.
La abogada criticó que se adoptara esa determinación “por supuesta falta de pruebas”,
considerando que era el propio organismo persecutor el encargado de recabarlas durante la
investigación, la que calificó como “defectuosa”.
También planteó reparos respecto del desarrollo posterior del proceso. Según explicó,
durante la etapa preparatoria del juicio fueron excluidos diversos elementos probatorios y la
representación de la víctima solicitó en reiteradas oportunidades que, frente a vacíos de la
legislación nacional, se aplicaran los tratados internacionales de derechos humanos como
criterios de interpretación.
Desde la Corporación 20 de Octubre, el abogado Marcelo Gálvez también cuestionó el
resultado y la actuación del Poder Judicial. Gálvez sostuvo además que uno de los
funcionarios acusados es nieto de quien identificó como un torturador de la dictadura,
antecedente que vinculó a su crítica sobre la forma en que el Poder Judicial ha abordado
este y otros casos de derechos humanos: “Me parece desconcertante la desconexión del
Poder Judicial con la víctima, e impresentable la contumacia con que se han empeñado en
no aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, en este y otros casos”,
sostuvo.
Esperarán los fundamentos de la sentencia para definir recursos
Pese a sus críticas al resultado, Rojas advirtió que todavía no cuentan con la sentencia y
que será necesario estudiar sus fundamentos antes de realizar una evaluación jurídica
definitiva de la decisión.
“Tenemos que leer la sentencia y los argumentos para poder referirnos con mayor
profundidad a la decisión que adoptó y comunicó hoy día el tribunal”, señaló.
La abogada indicó que están a la espera de lo que ocurra el próximo 28 de agosto y que
posteriormente prepararán “los recursos que correspondan”.
Rojas informó además que la representación de Caimapo Vallejos había presentado
anteriormente antecedentes ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la tortura,
precisamente a raíz de la decisión del Ministerio Público de abandonar la persecución de la
causa.
“Creemos que ahí también hay un incumplimiento del Estado”, sostuvo.
Para la abogada, el recorrido judicial del caso forma parte de las dificultades que han
enfrentado víctimas de violaciones a los derechos humanos para conseguir justicia.
“Todavía nos quedan instancias para revertir esta situación y vamos a continuar luchando
hasta que podamos al menos demostrar que la historia de Camila es real”, afirmó.
Y agregó: “Contar la historia de una persona es también un acto reparatorio”.
