A nivel mundial, Chile sigue siendo el principal productor de cobre, segundo de
molibdeno y tercero de litio, además de un actor relevante en otros minerales
estratégicos. Estos antecedentes confirman nuestro liderazgo en minería, una
posición en la que muchos otros países productores quisieran estar.
Chile se encuentra en una posición expectante ante el nuevo ciclo de precios
récord del cobre, impulsado por la creciente demanda para el proceso de
descarbonización del planeta, la electromovilidad y, en el último tiempo, la
inteligencia artificial. En la actualidad, la sostenibilidad del planeta y la generación
de conocimiento -como nunca antes- requieren de más minería.
No obstante, la producción de cobre en Chile se ha estancado: hoy oscila entre 5 y
5,5 millones de toneladas anuales e incluso ha mostrado una leve caída en los
últimos años. La inversión realizada recientemente no se ha traducido en aumentos
de producción y gran parte de ésta se destina a sostener faenas existentes,
compensar la caída de leyes y financiar proyectos, cuya producción veremos recién
en la próxima década, sin lograr una expansión de oferta inmediata.
A esto se suma el nuevo contexto global en el que se desarrolla la minería: han
surgido nuevos distritos mineros o países que han modernizado sus regulaciones
atrayendo inversión.
¿Qué explica este desajuste entre las buenas condiciones de mercado y el
desempeño de nuestra industria? Algunas causas son la creciente complejidad en
la tramitación de permisos ambientales y sectoriales —con plazos amplios e
inciertos, criterios difusos y duplicidades—; la derogación de marcos legales que
promovían e incentivaban la inversión; niveles insuficientes de exploración; y la
menor ley de algunos yacimientos.
En base a este diagnóstico – elaborado en conjunto con distintos sectores de la
industria, así como la Política Nacional Minera 2050-, hemos formulado el ´Plan de
Gobierno para la Minería 2026–2030´, que se articula en tres ejes y cuenta con
medidas concretas, varias de las cuales ya iniciamos su implementación durante
estos primeros 90 días de la administración del Presidente Kast.
El primero de estos ejes trata sobre la ´Promoción de inversiones y certeza
jurídica´. Invertir en minería implica horizonte de décadas, por ello proponemos un
proyecto de invariabilidad tributaria que entregue confianza a quienes financian
proyectos de largo plazo. Asimismo, ingresamos recientemente al Congreso un
proyecto de ley que simplifica y aporta certeza al régimen de patentes mineras.
El segundo eje lo hemos definido como ´Modernización regulatoria para la
agilización de proyectos´. Como ministerio nos encontramos actualizando
reglamentos clave —Seguridad Minera y Ley de Cierre— para transformar parte de
los permisos que ahí se otorgan en técnicas habilitantes alternativas dispuestas en
la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Adicionalmente, nos encontramos
trabajando con otros ministerios y servicios del Estado para modernizar
regulaciones sectoriales con el objetivo de facilitar el desarrollo de más proyectos
mineros y el aumento de la producción. El objetivo es simple: reducir tiempos,
evitar duplicidades y aumentar la predictibilidad para que proyectos viables no
queden entrampados innecesariamente en la burocracia estatal.
Tercero: ´Fortalecimiento de la institucionalidad minera´. En esta línea,
promoveremos la modernización de las instituciones y empresas mineras del
Estado; avanzaremos en adoptar medidas para dotar de mayor transparencia en el
uso de los recursos del royalty; y promoveremos una mayor integración minera
regional. En este contexto, ya reactivamos el tratado de integración minera con
Argentina, lo que además de fortalecer el vínculo con dicho país permitirá
desarrollar proyectos mineros que generarán miles de empleos, oportunidades a
proveedores locales y viabilizar el fortalecimiento de infraestructura regional.
El tiempo apremia, Chile no puede esperar. Cada tonelada adicional de mineral que
logremos producir nos acerca al desarrollo: ayuda a financiar programas sociales;
genera más trabajo para nuestros compatriotas -sobre todo en comunas mineras-;
y promueve el dinamismo regional. En definitiva, mejora las oportunidades para las
familias chilenas. Por todo ello, tenemos la obligación como país de materializar los
proyectos de inversión minera que se encuentran en cartera. Destrabarlos y
hacerlos posibles es nuestro propósito.
