- Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta apunta a prevenir
daños a la infraestructura y reforzar la seguridad de los vecinos, descartando
cualquier carácter discriminatorio. “No es una lista negra: es una herramienta
para proteger a las familias y sancionar actos vandálicos”.
El Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo, Darwin Cortés, señaló
que la iniciativa no busca perseguir ideas ni manifestaciones pacíficas, sino
establecer reglas claras frente a hechos de violencia, destrucción de bienes
públicos y daños a la infraestructura que afectan directamente a la comunidad.
Ante las declaraciones realizadas por el diputado Bernardo Salinas
respecto al proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e
Incivilidades, el vocero regional de Gobierno sostuvo que la propuesta apunta a
fortalecer el orden público, proteger los espacios comunes y entregar mayor
seguridad a las familias.
“En Chile el derecho a manifestarse pacíficamente está
plenamente garantizado y eso no está en discusión. Lo que este
proyecto busca es enfrentar los actos vandálicos, la destrucción de
bienes públicos, daños a infraestructura y conductas que terminan
afectando directamente a vecinos, comerciantes, estudiantes y
trabajadores”, afirmó Cortés.
En esa línea, la autoridad regional enfatizó que la iniciativa no está
dirigida contra opiniones políticas ni contra el legítimo derecho a manifestarse,
sino contra hechos concretos de violencia o vandalismo.
“No se trata de perseguir ideas ni opiniones políticas. Se trata de
que quienes cometen actos de violencia o vandalismo respondan ante
la ley, con reglas claras y debido proceso. La protesta pacífica se
respeta; la violencia y la destrucción no pueden normalizarse”, agregó.
Asimismo, el Seremi indicó que calificar la iniciativa como una “lista
negra” no refleja el sentido del proyecto, cuyo objetivo es proteger a las
familias, al comercio, a los servicios públicos y a todos quienes se ven
afectados cuando una manifestación deriva en hechos de violencia o
destrucción.
“Como Gobierno tenemos el deber de garantizar derechos, pero
también de resguardar el orden público, la seguridad y el respeto por
los espacios comunes. Ese equilibrio es fundamental para una
convivencia democrática”, concluyó Cortés.
