Dirigentes sociales de La Higuera y de la Región de Coquimbo se movilizaron este miércoles en Santiago para exigir al Gobierno y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que reactiven la tramitación de las solicitudes de invalidación relacionadas con el proyecto Dominga.
Durante la jornada llegaron hasta La Moneda, el SEA y el Ministerio de Hacienda para pedir respuestas por un procedimiento que, aseguran, ya no tiene razones para seguir suspendido.
En el SEA entregaron una carta dirigida a su director ejecutivo, Arturo Farías, suscrita por Mario Flores, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales del Borde Costero de La Higuera, en representación de su organización y de más de 20 agrupaciones de la comuna.
Según señala la carta, las solicitudes de invalidación fueron presentadas a comienzos de junio, pero el SEA demoró cuatro meses en admitirlas a trámite. Cuando finalmente lo hizo, resolvió suspender el procedimiento hasta que terminaran las causas pendientes en la Corte Suprema.
Esas causas terminaron el 30 de septiembre. Desde entonces, Flores asegura que han pedido en tres oportunidades que el SEA levante la suspensión y retome la tramitación, sin obtener una respuesta que permita avanzar. También denuncia que esas presentaciones ni siquiera han sido incorporadas al sistema público del SEIA.
Para las organizaciones, la secuencia es clara: primero fueron cuatro meses de espera, luego una suspensión y, una vez terminada la causa judicial que justificaba esa medida, nuevas semanas sin respuesta.
“Las causas judiciales ya terminaron y la propia resolución del SEA establece que, cumplida esa condición, el procedimiento debe continuar. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el SEA cumpla con su obligación y permita que el Comité de Ministros analice nuestras solicitudes?”, sostuvo Mario Flores.
Frente a esta situación, las organizaciones anunciaron que recurrirán a las instancias administrativas, fiscalizadoras y judiciales que correspondan para denunciar las demoras, revisar la actuación del SEA y determinar las responsabilidades que puedan existir.
Andrea Flores, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de La Higuera, señaló que “nuestra paciencia se agotó. No entendemos por qué una autoridad que debe garantizar el cumplimiento de la ley termina convirtiéndose en un obstáculo para que los procedimientos avancen. Vinimos a Santiago porque queremos respuestas y porque La Higuera no puede seguir esperando decisiones que afectan directamente su futuro”.
Por su parte, Jonatan Rojas, presidente de la Asociación Comunal de La Higuera, sostuvo que “somos nosotros los que vemos cómo nuestros jóvenes tienen que irse de la comuna porque no encuentran oportunidades. Por eso estamos en Santiago: para que La Higuera sea escuchada y las instituciones hagan lo que les corresponde”.
La carta recalca que las organizaciones no están pidiendo un trato especial ni que la autoridad resuelva a favor de una determinada posición: “Estamos exigiendo algo mucho más simple: que se cumpla la ley, que se respeten los procedimientos y que el Comité de Ministros pueda hacer su trabajo”.
