El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Oceana, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros. La acción buscaba invalidar los artículos 30 y 47 de la Ley N° 20.600, relativos a las atribuciones de los tribunales ambientales, para impedir que el Primer Tribunal Ambiental hiciera efectivo el cumplimiento de una sentencia favorable al proyecto minero-portuario Dominga.
En un fallo unánime, la Primera Sala del TC resolvió que la solicitud “adolece de falta de fundamento plausible o razonable” según lo establecido en el artículo 93 de la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del tribunal. Por tanto, el requerimiento se declaró inadmisible por incumplir los estándares legales.
Las organizaciones alegaban que la aplicación de los artículos impugnados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta restringiría la discrecionalidad del Comité de Ministros, vulnerando el principio de separación de funciones y el derecho de igualdad ante la ley. También denunciaban una transgresión al “juez natural” y al principio de legalidad.
El TC rechazó estos planteamientos, señalando que la acción de inaplicabilidad no es idónea para “enmienda o revocar lo resuelto por un tribunal” en el ejercicio de sus competencias. El conflicto, enfatizó el fallo, debía resolverse en la gestión pendiente ante el tribunal de alzada y no mediante un control de constitucionalidad.
Uno de los puntos centrales del fallo fue que la impugnación se dirigía contra un “sistema de normas completo” al pretender inaplicar el artículo 47 de la Ley N° 20.600, que establece la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil. “Esto es incompatible con la naturaleza de la acción de inaplicabilidad”, subrayó el TC, recordando que esta herramienta solo permite cuestionar preceptos legales específicos aplicables a un caso, no sistemas normativos enteros.
El considerando 8º del actual fallo cita jurisprudencia consolidada. “Aceptar que esos defectos puedan ser subsanados por este Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal
Esta resolución se suma a otros fallos que han despejado obstáculos judiciales para Dominga. En junio de este año, este mismo tribunal rechazó una contienda de competencia presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental, validando las atribuciones del Tribunal Ambiental.
Desde Andes Iron afirmaron que el fallo del TC reafirma el Estado de Derecho, ratificando que Dominga se “ajusta plenamente al ordenamiento jurídico”, habiendo sido respaldada por todas las instancias técnicas y jurisdiccionales, a excepción de las puramente políticas.
Desde la empresa advirtieron que no corresponde seguir instrumentalizando acciones judiciales e instituciones para impedir la ejecución de un proyecto que ya se encuentra aprobado.
“La buena inversión no puede verse entrampada en acciones mañosas que solo buscan dilatar proyectos que cumplen con la ley. Dominga ha superado exitosamente todas las evaluaciones técnicas, y hoy avanza en la obtención de sus permisos sectoriales. Esta iniciativa traerá progreso para la Región de Coquimbo y oportunidades para las familias de la comuna de La Higuera”, expresó Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Andes Iron
La resolución también fue valorada por comunidades, organizaciones sociales, gremiales y productivas de La Higuera y la Región de Coquimbo, que denunciaron el uso de “maniobras judiciales” para frenar el proyecto.
“Por segunda vez en menos de dos meses, el TC cierra las puertas a los intentos por desacreditar la institucionalidad ambiental del país. Es hora de dejar de politizar este tema y de utilizar los tribunales para trabar el desarrollo de nuestra comuna y región. Estas ONGs desconocen nuestra realidad, nuestra tradición minera y los intereses de nuestra comunidad”, afirmó Yonatan Rojas, presidente de la Asociación Comunal de La Higuera.
En la misma línea, Jorge Cabrera, vocero de la Federación de Pescadores de La Higuera Sur, enfatizó que la comunidad necesita certezas para proyectar su futuro. “Necesitamos oportunidades concretas de empleo, calidad de vida y dinamismo económico. Seguir con recursos judiciales infundados solo posterga beneficios que la gente espera hace años”, señaló.
Por su parte, Andrea Flores, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de La Higuera, recalcó que, con inversión, capacitación y encadenamientos productivos, “toda la comuna puede crecer. No podemos seguir atrapados en disputas políticas e ideológicas que no aportan soluciones”, afirmó.
Las agrupaciones coincidieron en pedir que cesen las acciones judiciales contra Dominga y se enfoquen en crear oportunidades para la comunidad. “Hoy pedimos a todos los sectores que dejen de manosear la justicia y a los tribunales y que se enfoquen en construir un futuro con más oportunidades para nuestra gente”, señalaron en una declaración conjunta.
Aunque todavía existen causas en tramitación que han sido promovidas por el Gobierno o por opositores, la empresa expresó su confianza en que los antecedentes jurídicos y técnicos seguirán respaldando el avance del proyecto. “Contar con los permisos sectoriales necesarios permitirá comenzar a la brevedad con la construcción del proyecto, reafirmando su compromiso con el cumplimiento ambiental y el desarrollo sustentable del territorio”, finaliza la declaración de Andes Iron.
