La investigación, que revisó transferencias y gastos municipales entre enero y septiembre del año pasado, apunta a un posible uso indebido de recursos públicos con fines electorales o sin respaldo administrativo suficiente.
El objetivo del operativo nacional fue velar por la correcta aplicación del presupuesto municipal y prevenir el uso de fondos estatales para campañas políticas encubiertas o propaganda personal. Sin embargo, los hallazgos muestran una realidad distinta: desorden en los registros, pagos sin documentación, uso de vehículos fiscales para fines particulares, contrataciones cuestionables y gastos sin rendición.
Entre los casos más graves, la Municipalidad de Calama destaca por tener pendientes de rendición más de $15 mil millones, mientras que en Illapel hubo contratos y pagos a funcionarios municipales por el monto total de $13.838.305 sin que se justifiquen estos gastos.
En tanto, Putre y La Florida enfrentan denuncias por presunta utilización de recursos municipales en beneficio directo de campañas personales.
En la zona central, Recoleta, Melipilla y La Pintana figuran con gastos elevados en eventos y contrataciones honorarias sin respaldo claro. En el sur, municipios como Talca, Río Bueno y Los Lagos también aparecen con pagos sin comprobantes, entregas de beneficios desiguales y contratos adjudicados sin los procedimientos legales adecuados.
El informe de la CGR también señala que algunos municipios evitaron colaborar con la auditoría, como es el caso de Maipú, lo que derivará en la apertura de sumarios administrativos.
El organismo de control ha instruido a las respectivas municipalidades a responder por los reparos formulados, y en muchos casos ya se iniciaron investigaciones internas. El informe completo será remitido al Ministerio Público en aquellos casos donde existan indicios de delitos.
Este escenario revive el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia en la administración municipal y de revisar el rol que cumplen los municipios en períodos electorales.
