Un informe de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa el cumplimiento de los requisitos para ejercer funciones públicas, tras identificar a 315 funcionarios y servidores del Estado con condenas por crímenes o simples delitos.
En la Región de Coquimbo, el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29 al que tuvo acceso Diario El Día, detectó esta situación en siete instituciones: las municipalidades de Andacollo, Coquimbo, Illapel, Los Vilos, Río Hurtado y Salamanca, además del Servicio de Salud Coquimbo.
El documento no precisa cuántos funcionarios están involucrados en cada organismo, los delitos por los cuales fueron condenados ni las circunstancias particulares de sus sentencias, antecedentes necesarios para evaluar cada caso. Por ello, la presencia de una institución en el listado no permite establecer por sí sola si sus autoridades conocían las condenas o si se adoptaron medidas administrativas.
A nivel nacional se identificaron 317 registros de condenas asociados a 315 personas: 149 trabajan en instituciones del gobierno local y 166 en organismos del gobierno central. El cruce de información consideró antecedentes del Registro Civil, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). De las condenas registradas, 73 corresponden a crímenes y 244 a simples delitos.




