Demandan a cuatro personas por mal uso y abandono de viviendas sociales en Ovalle

Wednesday, 26 September 2012 17:54 Sergio Guzmán Leiva
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Director de Serviu interpuso acciones para que se restituyan al Estado más de 38 millones de pesos.



Una nueva muestra de mano dura dio el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a través de Serviu, luego que su director regional, Osvaldo Pacheco, presentara los antecedentes de cuatro casos de mal uso de viviendas obtenidas con subsidio fiscal en el Primer Juzgado de Letras de Ovalle.

La idea es que se cree el antecedente necesario para que a los beneficiarios que se les entregó el monto para adquirir su casa, lo devuelvan. “En total son 38 millones de pesos que debieran retornar a las arcas fiscales. Nuestra misión como Serviu es que los recursos públicos lleguen a quienes realmente lo necesiten, por lo que si hubo una mala utilización, nuestro deber es denunciar. Será la justicia la que determine la forma de restitución”, aseveró Pacheco.

En cuanto a los denunciados, dos de ellos pertenecen al conjunto habitacional Vista Bella I, quienes obtuvieron un subsidio de 353 UF (8 millones de pesos) ahorrando sólo 10,5 UF, es decir, 241 mil pesos para adquirir su casa propia de $8,3 millones.  Los otros dos son de Vista Bella II, quienes recibieron un aporte estatal de 488 UF (11,2 millones de pesos) ahorrando $241 mil para quedarse con una casa de $11,4 millones.

“Desde diciembre de 2010 que se dispuso de una cláusula que impide vender, arrendar o abandonar una vivienda adquirida con aporte fiscal. Lamentablemente se hicieron entregas anteriores que no consignan esa obligación, no obstante vamos a reforzar las fiscalizaciones y seguiremos denunciando a quienes no cumplan”, manifestó el seremi Minvu, Fernando Herman.

El proyecto Vista Bella I fue entregado el 2011 y permitió que 136 familias accedieran a un hogar definitivo, luego que el Minvu invirtiera $1.500 millones. Por su parte Vista Bella II, terminado hace un año, logró que 150 familias alcanzaran el sueño de la casa propia tras un desembolso de $1.300 millones.
Según recientes fiscalizaciones dos de cada 10 viviendas entregadas presentan algún tipo de irregularidad en su uso, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a una buena utilización de las viviendas sociales. La provincia de Limarí lidera el número de casos con 154.